La responsabilidad patrimonial de la Administración permite reclamar una indemnización cuando una persona sufre un daño que no tiene obligación de soportar y ese perjuicio está relacionado con el funcionamiento de una Administración o servicio público.
Puede tratarse de lesiones por una caída en una acera en mal estado, daños en un vehículo, perjuicios derivados de una actuación administrativa, funcionamiento deficiente de un servicio público o situaciones en las que exista un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente.
En Arteaga Abogados analizamos la viabilidad de la reclamación, la prueba disponible, el plazo, la Administración competente y la relación causal entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio público.